Bajo el Cauca

Andrea Aldana. Fotografías por la autora

Y ahí estaba yo, a las once de la noche, empujando la cama del hotel hacia la pared contraria a la ventana, alejándome todo lo posible de ese flanco vulnerable, pero dejando un espacio entre el catre y el muro por aquello de la onda expansiva, para que tuviera salida, pues dicen es la que te despedaza. Y, bueno, si me iban a lanzar una granada esa noche, no quería que me encontraran al otro día hecha pedazos.

Pero me estoy adelantado. A ver, ¿por dónde empiezo a contarles todo este desmadre?

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—No, mona, lo siento. Yo le cuento todo lo que usted quiera pero no venga a Cáceres que me la matan.
—¿Así de mal está la cosa?
—Mal es un piropo. Esto está terrible y están amenazando y matando a todo el mundo.
—¿Pero y si nos reunimos en una casita del casco urbano y hablamos?
—No, monita, usted sabe que yo siempre le cumplo, pero estamos en un momento que a todo el que no sea de aquí lo matan porque creen que es informante y si no la matan a usted, me matan a mí por hablar con usted. De verdad que no, mona, no puedo esta vez.
—¿Y entonces cómo hacemos?
—Hagamos una cosa, ¿usted dónde va a estar?
—En Caucasia, voy a llegar allá. ¿Y si nos vemos allá?
—Eso le iba a decir, veámonos allá pero hablamos en un lugar cómodo, donde nadie nos vea, nos encerramos y trabajamos en eso. Pero usted sabe que la ida mía para allá es cara, le toca que me cubra todos esos gastos.
—Hágale.

Un diálogo muy similar sostuve con varias fuentes en el Bajo Cauca antioqueño hace un par de semanas cuando viajé para visitar los seis municipios de esa subregión. Fui a confirmar una versión: “Otoniel movió sus bases para Montelíbano y el Bajo Cauca”, pero en lugar de encontrar información sobre Dairo de Jesús Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe de un grupo armado posparamilitar, lo que encontré fue lo de siempre: miedo, muerte, traiciones, intimidaciones y amenazas.

Con Otoniel o sin él, hallé un Bajo Cauca donde se repite la historia de una década atrás, un conflicto que inició en 2008, acabó en 2012 y, en cinco años, dejó 938 cadáveres y 27 475 víctimas de desplazamiento forzado, según cifras de la policía, Registro Único de Víctimas y la Fundación Ideas para la Paz. Una guerra que, igual que ahora, inició con un muerto a orillas del río Cauca.

***

En febrero de 2006, cuando la Corte Constitucional revisó la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), tumbó el artículo que otorgaba sedición para los paramilitares. Al ser declarados sediciosos, los paras conseguían el carácter político que pretendían dar a sus acciones y esto les permitía la participación electoral, pero la Corte los dejó sin esa posibilidad. Ante el nuevo escenario jurídico, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se sintieron traicionadas y, en septiembre de ese año, Vicente Castaño Gil básicamente bramó: “Nos hicieron conejo, ¡a rearmarnos!”.

Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, atendió el llamado y regresó a San Pedro de Urabá, tierra que fue dominada por el Bloque Élmer Cárdenas bajo el mando de su hermano, Fredy Rendón Herrera, el Alemán. Y aunque encontró un vacío de poder, Don Mario lo llenó con facilidad aliándose con quienes más conocían la región —porque se criaron allí— y fueron los hombres de confianza de Carlos Castaño en las AUC: Juan de Dios y Dairo de Jesús, los hermanos Úsuga.

Los hombres se rearmaron, fundaron un nuevo grupo llamado Héroes de Castaño y retomaron el control, sobre todo del narcotráfico, de Córdoba y Urabá. Pero la estructura empezó a crecer y, para sostenerse, ingresó al Bajo Cauca antioqueño intentando controlar territorios con cultivos de coca.

Hasta 2006, el Bajo Cauca estuvo dominado por los bloques Mineros y Central Bolívar, bajo el mando de Ramiro “Cuco” Vanoy y Macaco, y en 2007, luego de la desmovilización paramilitar, los herederos siguieron con el negocio. Eso sí, supervisados por los viejos patrones: desde la detención, Cuco Vanoy y Macaco dieron vida a Los Rastrojos, Don Berna a Los Paisas y ambos grupos se instalaron en el Bajo Cauca. Si allí querían tierras, los Héroes de Castaño, a quienes ya todo el mundo llamaba Urabeños, iban a tener que negociar.
—Ay, mija, es que esto se está repitiendo, le juro que es como una película que ya vimos. Esto es como cuando se empezó a matar la gente de Cuco con los Urabeños.
—¿Así de terrible?
—Pues si le digo, está peor. Al menos antes uno sabía quiénes eran los jefes y sabía con quién hablar, pero ahora hay mucho pelaíto creyéndose malo. De todas formas esta violencia no se veía como desde 2009, 2010, que nos llenaron las calles de sangre. Es que acá es muy duro, las traiciones entre ellos las terminamos pagando nosotros. .

La cosa, grosso modo, fue así: a finales de 2007, los Urabeños intentaron negociar tierras en el Bajo Cauca pero, el 14 de febrero de 2008, un grupo de hombres armados ingresó a una vivienda en zona rural de Cáceres y raptó a un hombre. El sujeto fue trasladado a Piamonte, corregimiento de ese municipio, y el 20 de febrero lo asesinaron. Los asesinos arrojaron el cadáver al río Cauca y en una ribera de Caucasia, unos pescadores lo encontraron. El muerto fue identificado, era Lázaro Rendón Herrera, el hermano de Don Mario y el Alemán.

¿Qué hizo Don Mario? Culpar a Cuco Vanoy y hacer lo que siempre hacen los narcos: cobrar venganza y recargada. La noche del 20 de julio, un grupo de sus hombres se desplazó hacia la finca Naranjillos, ubicada en la vereda Santa Clara de Tarazá, y allí asesinaron a un hombre y a su esposa. Los muertos fueron José Nelson Vanoy Murillo y Yesenia Uribe, el hermano y la cuñada del jefe para, pero el recargo se lo cobraron tres meses después, el 19 de octubre de 2008, día en que asesinaron a Vladimir Vanoy, el hijo de Cuco Vanoy.

Según las autoridades, ninguno de los familiares asesinados tuvo que ver en el conflicto, fue la vendetta que sumada a la extradición de los jefes paras, desató una guerra en el Bajo Cauca que terminó pagando la población civil. ¿Los protagonistas? Urabeños, que en 2008 empezaron a firmar como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Rastrojos y Paisas. ¿El saldo? 5114 personas desplazadas por la violencia en 2008, 7477 en 2009, 7887 en 2010 y 5892 en 2011. Los homicidios no fueron cosa menor: 208 en 2008, 265 en 2009, 225 en 2010 y 136 en 2011.

Cinco años después, los ilegales pactaron el fin del enfrentamiento que incluyó la salida de Rastrojos de la región. El Bajo Cauca quedó bajo el control de las AGC a las que se sumaron Los Paisas. En consecuencia, los homicidios bajaron a 104 en 2012 y el desplazamiento forzado redujo sus víctimas a 3851. Cifras que seguían altas pero empezaron a marcar un descenso. Hasta 2017, claro, cuando ocurrió la nueva traición: un nuevo muerto en el ya viejo matadero de Piamonte, que otra vez yacía en la ribera del río Cauca.

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—Sinceramente, uno no entiende por qué la policía o el ejército no hacen nada. Todo el mundo sabe que ellos tienen su base de poder en Piamonte, que allá tienen las armas, la gente, los laboratorios. Todos sabemos que el que entra a Piamonte no sale vivo, sale picado en una bolsa.
—¿Desde cuándo tienen base en Piamonte?
—¡Desde siempre! Eso fue obra de Cuco y de Macaco, allá descuartizaban a la gente y luego la tiraban al río o, si no, la tiraban a los hornos.
—¿Los hornos? ¿Cuáles hornos?
—Macaco tenía unos hornos en Piamonte en los que quemaban a la gente y la desaparecían.
—Pero eso no se ha dicho en ninguna parte.
—No, porque allá nunca han entrado las autoridades y porque los paras nunca se fueron de aquí.

La fuente, que ya era la tercera que me pedía encerrarnos en una habitación para poder brindar su declaración en “condiciones seguras”, también era la segunda que me mencionaba esos hornos en Piamonte, e incluso agregaba que “por estos días” los habían reactivado. Aún me resulta difícil creer esta declaración ya que en ninguna versión libre de los paras ni sentencia de Justicia y Paz se mencionan estos hornos, pero, para ser consecuente con los hechos, tampoco se menciona en ningún lado qué ocurrió en Piamonte, pese a que fue la mayor base paramilitar de Macaco y sigue siendo el sitio más temido de la subregión.

En cuanto a la otra denuncia, las fuentes tenían razón: la fuerza pública no hacía control sobre Piamonte y, por el contrario, parecía permitirle a los ilegales que consolidaran o reacomodaran el poder desde ese lugar. Casi todas las guerras por el control de Bajo Cauca iniciaron en ese corregimiento, allí también comenzó el enfrentamiento que nos tenía pagando escondedero a setenta mil pesos a mis entrevistados y a mí.

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La tensión comenzó a finales de 2016, pero fue en 2017 que todo reventó. El 5 de enero de ese año las autoridades confirmaron una incursión armada en Piamonte en la que asesinaron a cuatro hombres. A tres de las víctimas las arrojaron al río Cauca, a la cuarta la dejaron en la ribera junto a las vainillas de las balas que perforaron su rostro. El muerto era Héctor Osorio Gaitán, alias Danilo Chiquito, desmovilizado de las AUC que ahora hacía parte del Frente Virgilio Peralta de las AGC, hombre de confianza de Cuco y de Macaco que hacía seis meses estaba libre luego de pasar cuatro años en la penitenciaría de Jamundí.

El acto fue interpretado como una traición ya que a Piamonte solo ingresaban hombres de las AGC, y fue entonces que el Frente Virgilio Peralta se hizo disidente y desató una guerra por el control del Bajo Cauca. Durante 2017 la población sufrió el coletazo del enfrentamiento, pero fue en 2018 que la guerra involucró a la población civil. La primera alerta se generó luego de tres desplazamiento masivos entre enero y febrero de 2018: 822 personas de la zona rural de Cáceres tuvieron que abandonar el territorio por los combates. Caparrapos, que es como los lugareños llaman al Frente Virgilio Peralta, se coronó victorioso y declaró que el municipio ahora estaba bajo su control.

Luego vino su expansión. Como en los viejos tiempos de las AUC, el 14 de abril de 2018, un grupo de quince hombres armados ingresó a la vereda San Acevedo en Zaragoza y asesinó a los tenderos del caserío y a un hombre de treinta años por “prestar servicios a las AGC”. Con parsimonia y como si estuvieran de paseo con la muerte, los Caparrapos asesinaron al primer tendero luego de pedirle una caja de gaseosas. Cuando el hombre regresaba con el pedido, lo obligaron a tenderse en el suelo y lo fusilaron. Después continuaron la ruta macabra hacia la segunda tienda de la vereda: aplicando la misma fórmula, le solicitaron a la mujer que atendía una caja de gaseosas y cuando esta regresaba, le dispararon a la cara. La última estación la hicieron en la casa de un hombre a quien obligaron a salir y cuando lo hicieron regresar a la vivienda le dispararon por la espalda.

La masacre hizo que 83 personas se desplazaran de la vereda como quedó registrado en la Alerta Temprana número 003–191, que la Defensoría emitió el 9 de enero de 2019, y a estas personas se sumaron 110 más que salieron huyendo de San Acevedo y de Vijagual Medio porque, el 15 de junio, el mismo grupo asesinó a un hombre de 82 años considerado fundador del sector. Caparrapos venía con toda.

El desmadre continuó y el segundo semestre de 2018 se trasladó a Tarazá. Caparrapos controlaba Cáceres y conservaba su base de operaciones en Piamonte, pero ahora quería el control de La Caucana. El enfrentamiento armado con las AGC por el control de este corregimiento hizo que, a septiembre de 2018, Tarazá registrara más de 3440 desplazados. Las AGC conservaron el control de El Doce y Barro Blanco pero era evidente que perdían territorio. Las hipótesis más sólidas apuntaron a que Caparrapos ganaba fuerza porque recibía el apoyo de, uno, el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación; y, dos, de la policía. AGC, en cambio, recibía solo golpes en sus estructuras.

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—Doctora, lo siento pero no le voy a poder ir.
—Cuál doctora, ome, ¿y qué pasó? ¿Por qué no podés venir?
—Primero porque esto está muy maluco y segundo, porque me tocaría regresar casi que por la noche y es peor.
—Bueno, ¿y si yo me voy mañana por la mañana pal Bagre, me puedes recibir?
—Claro, doctora, pero usted sabe que el palo no está pa cuchara. El Bagre ahorita es la peor zona así que nos toca escondernos en algún lado para hablar. Pero véngase que ahí miramos dónde, yo me comprometo a conseguirle otro líder para que hable con usted. Pero me avisa antes de salir de Caucasia para ir monitoreándola, ¡no se vaya a venir sin avisar que luego le hacen algo y nadie sabe dónde estaba usted!

Después de dos años yendo al Bajo Cauca antioqueño cada tres o cuatro meses, era la primera vez que estaba realmente asustada. Las pocas veces que salí para comer algo en Caucasia, sentí que la gente me miraba como “la informante” y que en cualquier momento me iba a llegar el reclamo de los de la moto. Y esa mañana que partí para El Bagre, pasé dos horas y media sudando frío rogando porque en la carretera no hubiera ningún retén.

El miedo se debía a los tres días que llevaba de encierro escuchando sobre muertes, desapariciones, cadáveres flotando en el río Cauca, ataques con granada, amenazas y otros métodos terroríficos de control social. También, claro, me asustaba el hecho de que en el puente de entrada del municipio al que me dirigía, apenas cuatro meses atrás y en pleno mediodía, habían dejado una cabeza humana, un mensaje que advertía que El Bagre era el nuevo epicentro de la confrontación.

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Estando ya bastante débiles en el Bajo Cauca, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia recibieron otro golpe. El municipio de El Bagre estaba bajo el control militar de su Frente Francisco Morales Peñate pero entre julio y agosto de 2018, uno de sus integrantes, Claudio Alonso Maturana Hurtado, alias Cristian, se quedó con un dinero y un armamento que pertenecía a las AGC. En el territorio dicen que eso fue una excusa, pues Cristian, el mando más reconocido en la cabecera municipal, venía acercándose a Caparrapos.

En agosto se supo de este conflicto dentro del Frente Francisco Morales Peñate y en septiembre circuló un panfleto firmado por un “Héroes del Central Bolívar Bajo Cauca”, en el que se exigía a los colaboradores de las AGC que “se abrieran” de El Bagre porque no querían “derramar sangre de inocentes”. Pero la sangre se derramó: después de tres homicidios en julio y ninguno en agosto, el municipio registró seis homicidios en septiembre, once en octubre, dos en noviembre y en diciembre doce más. Los últimos cuatro meses del año acumularon 31 homicidios de los 46 que se registraron en todo 2018. Claramente alguien reclamaba el territorio.

En diciembre la disidencia dentro del Frente Francisco Morales Peñate se hizo oficial: el 26 circuló un panfleto que advertía: “CAPARRAPOS PRESENTES EN EL BAGRE LLEGO LA HORA DE LA LIMPIEZA SOCIAL [sic]”. Y escribiendo en primera persona y amenazando a “colaboradores” de las AGC, Cristian, sentenció: “Este pueblo ha sido mío por más de cinco años y nadie me lo va a quitar muérase quien se tenga que morir y la guerra apenas empieza”.

El panfleto también dejó claro que la granada que arrojaron a una discoteca la noche del 24 de diciembre y que dejó veinticinco heridos, era autoría de Cristian. Pero el mensaje rotundo llegó el 27 de diciembre: en pleno mediodía, dos motorizados dejaron una bolsa sobre el puente que da acceso a El Bagre y del paquete rodó una cabeza humana. La macabra “gente de Cristian” ahora firmaba como Caparrapos y cerró 2018 advirtiendo sangre para todo “colaborador” de las AGC. El Bagre quedó sumido en terror y sin tener dónde denunciar: la policía paseaba la mala fama de ser auxiliar de Cristian.

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—Sí, es verdad.
—¿Pero cómo confirmar eso?
—Uno, porque a mí me citaron precisamente las AGC para decirme que esto se iba a putiar porque venía el Viejo, entonces que mejor me abriera un rato para que no fuera a terminar muerto por error.
—¿Y dos?
—Porque cuando el defensor, ese señor Carlos Negret, vino hasta acá, él mismo nos dijo que unos hombres de Otoniel venían bajando de Córdoba y de Urabá y que estuviéramos pilas porque iban a entrar por el río Cauca y por el Nechí.
—Bueno, pero la presencia de Otoniel confirmada, confirmada no está, lo único confirmado es que sus hombres se están fortaleciendo.
—Pues, vea mona, a mí sí me dijeron los mismos otonieludos que el hombre movió bases a Montelíbano y al Bajo Cauca.

Con pequeñas variaciones, todas las fuentes en el territorio me confirmaban que Dairo de Jesús Úsuga, Otoniel, el jefe máximo de las AGC, había trasladado temporalmente su base de operaciones desde San Pedro de Urabá hasta las regiones de Córdoba y Bajo Cauca. ¿La razón? La evidente pérdida de capacidad de mando sobre sus propias gentes.

Viendo el golpe que ocasionó la nueva disidencia dentro del Frente Francisco Morales Peñate, al parecer, Otoniel vio necesario moverse y mover buena parte de sus hombres a los territorios donde estaba perdiendo cohesión. La versión inicial me sonó a rumor, pero todo cobró relevancia cuando leí la Alerta Temprana número 020–19 de la Defensoría, del 17 de abril de 2019, en donde dice: “Desde la última semana de febrero del presente año, se difundió un rumor entre la población civil sobre el interés de las AGC de recuperar los territorios perdidos desde 2018, en el marco de sus disputas con los Caparrapos en el Bajo Cauca. Para tal efecto, se presume que, durante el mes de marzo, las AGC habrían movilizado efectivos desde el departamento del Chocó y la región del Urabá, con el fin de reforzar a los frentes”.

La versión parecía cierta, aunque mis fuentes aseguraban que los hombres de Otoniel habrían ingresado desde septiembre de 2018 cuando surgió la nueva disidencia y que a finales de octubre fue que el Viejo se trasladó al sur de Córdoba. Al parecer, el hombre habría hecho tránsito desde San Pedro de Urabá hasta Tierralta, municipios limítrofes, y desde allí habría avanzado hasta Montelíbano, donde dicen estableció temporalmente su base operacional.

¿Por qué Montelíbano? Uno, desde allí descienden y controlan Puerto Libertador y San José de Uré. Dos, Montelíbano es un municipio con forma de arco que por un extremo conecta con Cáceres, queda cerca a Caucasia y por allí se abre paso a la serranía de San Lucas y por el otro extremo conecta con Ituango y se abre paso por el nudo de Paramillo; vastos territorios con explotación ilegal maderera y minera y con cultivos de coca. Las AGC quieren controlar estas economías y de ahí su guerra con las “disidencias” de las Farc en el Norte de Antioquia y con los Caparrapos en el Bajo Cauca, de ahí también el traslado de sus hombres y de su base de operación.

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La primera muestra de retoma del poder ocurrió a las tres de la mañana del 15 de septiembre de 2018, las AGC ingresaron a Cuturú, corregimiento de Caucasia cercano a la cabecera de El Bagre, y lo atacaron: lanzaron una granada sobre una vivienda, quemaron otras y mantuvieron la agresión hasta el 16, día en el que destruyeron diecisiete viviendas más. Pero los Caparrapos alcanzaron a huir y la población civil fue la víctima del ataque.

Decididos a recuperar Cuturú, el 11 de noviembre hicieron otra incursión. Según la Alerta Temprana número 003–191, en esa ocasión, el sector no disidente del “Frente Francisco Morales Peñate, acatando posibles directrices del comando central de las AGC, retuvo por un par de horas a cerca de cuarenta personas de la comunidad, a las cuales intimidó, estigmatizó de ser colaboradores del enemigo, e incluso estuvo a punto de asesinar [...] Antes de retirarse del puerto, asesinaron a una persona de la población civil”. Sin embargo, en El Bagre dicen que no fue un muerto sino tres y que agruparon a toda la población y la obligaron a ver el asesinato. Las AGC estaban repitiendo en 2018 los peores días de las AUC en 1998.

La historia se está repitiendo en La Caucana, corregimiento de Tarazá, que las AGC amenazaron con retomar “a sangre y fuego”. La más reciente Alerta Temprana para el Bajo Cauca (número 020–19) advirtió el aumento de fuerza de las AGC y cómo han venido arrinconando a los Caparrapos. El documento indica que su “capacidad armada” sería “superior en número de efectivos tanto sobre la fuerza pública” como sobre la “respuesta militar de los Caparrapos” en el corregimiento. Lo peor, empezaron a cumplir la amenaza.

El 11 de abril de 2019, las AGC incursionaron en La Caucana: hubo balacera en las calles, lanzaron granadas sobre las viviendas, detonaron petardos en el casco urbano y hasta la estación de policía fue atacada. Toda una toma militar. Tres días después, amenazaron a los pobladores de la zona rural del corregimiento y para el 15 de abril, 103 personas ya se habían desplazado del territorio huyendo de la violencia.

La réplica de Caparrapos no demoró: el 16 de mayo de 2019, varios motorizados ingresaron al corregimiento de El Doce en Tarazá —controlado por AGC— e hicieron ruta criminal: iniciaron disparando contra un local de mecánica en el que hirieron a dos hombres, luego dispararon contra la casa de Diana Gutiérrez —familiar de un líder de Ríos Vivos— y la asesinaron, después lanzaron una granada hacia una cantina del corregimiento hiriendo a cinco personas más y terminaron la ruta disparando indiscriminadamente contra casas y locales antes de abandonar el corregimiento camino a la cabecera municipal.

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Los ataques de las AGC a La Caucana y de Caparrapos a El Doce hicieron que todo Tarazá cerrara el comercio desde el 17 al 22 de mayo. Los campesinos afirmaron que el cierre de casas y establecimientos no obedecía a un tema de extorsiones, como registraron algunos medios, sino al miedo a perder la vida. La población continúa sin denunciar porque desconfía de las autoridades, asegura que trabajan para los ilegales. Y la institucionalidad les da la razón: el 5 de junio fue capturado el comandante de policía de Caucasia por concierto para delinquir y el 11 del mismo mes fue removido todo el personal policial de El Bagre por presuntos vínculos con el narcotráfico y corrupción. Los alcaldes lloran, los pueblos parecen fantasmas, los locales están quebrando y los muertos siguen bajando por los ríos Cauca y Nechí.

Y a las once pasadas estaba yo empujando la cama hacia la pared contraria a la ventana. ¿La razón? Llevaba tres días escondida en un cuarto de hotel recogiendo los testimonios de líderes campesinos amenazados. Esa mañana había regresado de mi viaje a El Bagre en donde, oculto tras un matorral y sin que nos diéramos cuenta, un joven comunicó por radio toda la conversación que sostuve con una fuente y, en la noche, antes de quedarme dormida, agarraron a pedradas el ventanal de mi habitación.

Fue entonces que empecé a correr la cama y hoy, en retrospectiva, me veo haciendo el ridículo, pero en mi defensa debo decir dos cosas: uno, en el Bajo Cauca lanzan granadas sobre la gente como lanzando arroz sobre pareja recién casada; dos, me había infectado del pánico que ya es pandemia en la subregión.

A la mañana siguiente me fui y todo el camino de regreso pensé en cuánta gente sabe y a cuánta gente le importa el fuego que hay en el Bajo Cauca. Pero 1815 desplazados y 148 homicidios al 31 de mayo de este año, en una tierra que recicla guerras, indican que por la seguridad en esa zona no hay mucho interés. La subregión está en la agenda permanente de nadie y la noticia que se reitera tiene que ver con los derrumbes que cada tanto cierran la troncal a la Costa Atlántica. A eso se reduce, piedra y lodo sobre el pavimento.