El gobierno uruguayo aprobó la regulación más avanzada sobre el cannabis en el mundo. No es que sea perfecta, pero por primera vez se plantea a nivel nacional una misma legislación que combina los pedidos del activismo local, de una parte de la sociedad médica y del propio gobierno respecto a la seguridad ciudadana. El presidente José 'Pepe' Mujica lo repite como mantra dirigido a los mayores que desconfían: "mucho peor que la droga es el narcotráfico".
Durante el reciente debate en la Cámara el único voto en duda en el oficialismo, que estuvo cerca de hundir el proyecto, dejó en claro la visión conservadora, casi rancia, del asunto: "la marihuana es una bosta con o sin ley", dijo Darío Pérez desde su rol de médico, pero advirtió que regularla podría aminorar el "efecto góndola", es decir, ir al dealer a buscar porro y terminar probando sustancias más peligrosas para la salud, como la pasta base: el mercado puede acabar imponiendo la cocaína fumable sobre el porro por escasez de marihuana o por simple marketing.
El activismo ganó un espacio importante en la discusión porque tiene su propia gente dentro: una camada de diputados jóvenes, comprometidos con la agenda de las minorías. Se logró la inclusión del autocultivo y los clubes cooperativos sin fines de lucro para abastecerse. En el primer caso, no contemplado por el gobierno al lanzar el proyecto el año pasado, hay un tope de seis plantas hembras y hasta una cosecha anual de 480 gramos. Para ello es necesario registrarse previamente, pero los datos estarán protegidos. Los clubes, inspirados en el modelo propuesto y desarrollado por el activismo español, son demasiado pequeños: solo hasta 45 socios y 99 plantas anuales. En España los que funcionan con esquema de base barrial precisan alrededor de 700 plantas. Esta apuesta, vale recordar, es la única forma de regulación de la producción de drogas –sí, de todas las drogas– que no contradice las convenciones internacionales tan mentadas por los prohibicionistas.
El modelo uruguayo se complementa con los dispensarios de cannabis, en principio farmacias, como ocurre en varios estados norteamericanos y en Canadá, solo que no será preciso sufrir alguna dolencia. El tope previsto es de cuarenta gramos al mes. El cultivo será bajo licencia, al igual que la venta, y habrá un organismo regulador de estas actividades. También se abrirá la veta a la siembra de cáñamo con fines industriales. Igualmente, la ley plantea inversión e infraestructura administrativa para la educación, prevención y tratamiento.
El modelo de los clubes es interesante porque permite crear empleos, combinar actividades sociales y, al no tener fines comerciales, mantener calidad y precio razonables. La venta en farmacia es un desafío grande, y si no coexiste con otras opciones como los clubes y el autocultivo puede convertirse en un dolor de cabeza, como ocurre en Holanda: precios altos para una calidad estándar, que podrían llevar a la compra en el mercado negro.
Toda regulación, se sabe, puede hacer más o menos restrictivo el acceso. Si se busca combatir realmente el narcotráfico, no hay que dejarle espacios para financiarse.
Por delante queda un peligro. Algunos diputados del oficialismo y la oposición plantearon que se haga un referéndum para que la ley tenga apoyo de la ciudadanía, es decir, para que sea anulada. La trampa está a la vista: la discriminación y estigmatización que rodea a los usuarios por parte de las mayorías que se oponen a la ley. Justamente, al regular se da un paso en la normalización que permitiría, después de cierto tiempo, mostrar resultados. Por otra parte, preguntarle a la mayoría si una minoría debe tener derecho a dejar de ser discriminada por esa misma mayoría, es simplemente aberrante. 