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 El 111
Juan Guillermo Gómez García
El Artículo 111 de la propuesta de reforma a la Ley 30 de Educación Superior es el núcleo o meollo de la llamada "privatización" de la universidad colombiana: han corrido muchos comentarios, desde el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wassermann, hasta los estudiantes. El fantasma al que se quiere combatir existe: es el Artículo 111. Es simplemente la legalización de una nueva pirámide en busca de su faraón. El Artículo –con connotaciones numéricas cabalísticas: uno, uno, uno- contempla tres "paras" en una línea; dice que el Ministerio de Educación autoriza la creación de una entidad de economía mixta –privada- FOMINVEST para captar dineros para formar una entidad para ofrecer servicios educativos a las entidades universitarias. No lo cito textualmente por respeto a los lectores de este periódico y para que no caigan de una buena vez la ministra y sus asesores. La mala redacción de este decreto se traduce así: se trata de montar una especie de EPS para la Educación Superior en la que inversores privados se convierten en institución mediadora entre la universidad pública y la sociedad en general. Así, el inversor será el próximo Zar o Tutankamon de la Universidad. No quiero pensar quiénes van a invertir en tan jugoso negocio.
La propuesta de Ley es, como las leyes de educación superior desde los años setenta en Colombia, fruto de la improvisación. Desde la ley que se le encomendó a Galán, al menos, la universidad o el sistema de educación superior va de tumbo en tumbo. Esta feria educativa de "haga su agosto", al son de Turbay et al., se deseó y hasta se logró corregir parcialmente a principios de los años noventa. El gran desafío que debe afrontar la universidad, desde hace medio siglo, es doble, a saber: formar un cuerpo profesoral altamente calificado y cubrir una matrícula masiva igualmente calificada. Ha insistido Wassermann, con toda la razón estadística en la mano, que tenemos un déficit de 600.000 estudiantes en pregrado y 40.000 en posgrado. Hay 1.700.000 en el sistema de educación superior y precisamos de al menos 2.300.000 (solo hay 600.000 en las universidades propiamente dichas, que son 80, y de ellas solo 32 son públicas; en los últimos 40 años no se ha creado una sola universidad pública, pero la población colombiana, la urbana, puede haber crecido tres veces). También se podría agregar que a principios de los años 90 se proyectó tener 10.000 profesores doctores activos en el sistema de investigación de la universidad, y hay 3.000. Esto se traduce en dos inmensos baches. No son solo cifras: son déficit o saldos rojos o descalabros. En alguna parte de la guerra se quedaron los billocintos para cubrir una necesidad prioritaria para el desarrollo nacional. Esto quiere decir tres décadas, al menos, de atraso respecto a sus propias expectativas (estándares del Banco Mundial y del BID); no tres décadas respecto a los países desarrollados: son tres décadas de atraso respecto a sí mismos como nación latinoamericana. La universidad es otro fraude a la nación.
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Educación sin norte
Sergio Fajardo
La reforma de la educación superior que ha propuesto el equipo del presidente Santos es una muestra contundente de que para el gobierno la educación no es más que un conjunto de lugares comunes.
La esencia de la propuesta es ampliar la cobertura de la educación superior y para hacerlo se compromete a crear 645.000 nuevos cupos para el año 2014. La solución mágica es, simplificando, la inversión privada, que ante semejante mercado tiene los incentivos para crear esos cupos, previos unos articulitos que permitan que la educación superior se pueda hacer por negocio.
Era natural pensar que esta propuesta de reforma tendría un excelente soporte, con estudios rigurosos, pero no, no hay nada serio en ella. Más allá de unas cifras insulsas que hablan de coberturas y la bien conocida explicación de que personas con algún tipo de educación superior tienen mayor posibilidad de conseguir un empleo formal, no hay mayor cosa. No hay una sola referencia sobre la clasificación de las instituciones educativas colombianas de acuerdo a su calidad, no sabemos a qué proyectos regionales responden, no se dice nada acerca de la ubicación territorial de los nuevos cupos, ni aparece por parte alguna la relación que tienen con los aparatos productivos, ni con la política de competitividad del país, ni con la innovación ni el emprendimiento. eNo sabemos de dónde van a salir los profesores para cubrir con calidad esos nuevos cupos (ejercicio: ¿Cuántas Universidades Nacionales se necesitan para cubrir 645.000 nuevos cupos?), no sabemos cuántas universidades son hoy lucrativos negocios encubiertos.
Se habla de la educaciones técnica y tecnológica, pero no tenemos ni idea sobre qué se está haciendo en esos temas, ni quién lo está haciendo; no se explica, por ejemplo, el papel que jugaría el Sena, y mucho menos los resultados y el impacto que esta institución ha tenido en los últimos años, ni su articulación con el Ministerio de Educación. No existe una evaluación de los programas universidad-empresa- estado que hoy están en marcha. Ni del programa de Ceres que se ha utilizado para extender la cobertura a la educación superior rural.
No es seria la reforma. No plantea la más mínima sugerencia sobre posibles formas de enfrentar el problema de la deserción, que se acerca al 50% de los estudiantes que ingresan a la educación superior. Ni siquiera tiene un estudio de mercadeo para justificar la existencia de los agentes privados que entrarían al negocio.
El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, ha demostrado cómo la educación superior pública se mantiene en un estado vegetativo, que de no cambiar, le limita la posibilidad de asumir un papel protagónico en el desarrollo del país. Propone — y comparto plenamente esa idea— ¡la creación de nuevas universidades públicas!, en oposición a lo que piensa el gobierno. No es una utopía, es una apuesta política. ¿Qué tal, por ejemplo, un impuesto al patrimonio para la educación?
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Sólo promesas
Alejandro Gaviria
Más allá de la discusión sobre la autonomía universitaria o sobre el futuro de la universidad pública o sobre la privatización de las universidades, el proyecto de reforma a la educación superior es una "escurrida de bulto", una "lavada de manos", una delegación de responsabilidades. Veamos.
En el proyecto de ley, el gobierno fija primero unas metas bastantes ambiciosas de cobertura y calidad. Propone llevar la cobertura de 34% a 50%, reducir la deserción de 48% a 40% y duplicar el porcentaje de instituciones acreditadas. Hasta aquí no hay problema. Todos los gobiernos fijan metas ambiciosas. Exageradas. Pero dos preguntas surgen inmediatamente: ¿de dónde va a venir la plata? y ¿de qué manera, dada la congestión existente, va el gobierno a avanzar en la regulación y en la acreditación?
El proyecto de ley responde a estas preguntas de manera casi olímpica. Como no hay recursos suficientes, supone simplemente que la expansión de las universidades privadas, con o sin ánimo de lucro, permitirá cumplir la meta de cobertura. Como no hay capacidad institucional suficiente, supone igualmente que surgirán acreditadores privados que harán lo que el Estado no puede hacer. "Yo fijó las metas, otros las cumplen", es la idea del proyecto. Es una salida fácil. Una forma, ya lo dijimos, de "escurrir el bulto", de evadir retóricamente el problema.
Además, pueden anticiparse desde ya algunos problemas. Las universidades de garaje, las viejas y las nuevas, podrán ahora comprarse un acreditador que certifique su calidad. Habrá muchos dispuestos a poner el sellito por unos pesos. Cabría, entonces, preguntar, ¿quién acredita a los acreditadores? ¿Quién protege al público de esta suerte de liberalismo utópico? ¿Puede el Estado simultáneamente abdicar a la financiación y a la regulación de la educación superior?
Me temo que ninguna de estas preguntas tiene respuesta. Resumiendo: el proyecto fija metas y evade responsabilidades. Así es muy fácil.
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