Hace unos días el Presidente Uribe estrenó la reforma constitucional que ilegalizó el porte y consumo de la dosis mínima. Uno de sus grandes anhelos de primer policía de la patria. Ordenó a sus colegas decomisar cualquier cantidad de droga, esculcar los bolsillos y levantar las tapas de los contadores en busca del veneno; recordó, además, que ya está en el congreso un proyecto de ley que busca reglamentar la renovada prohibición, o sea que ya vienen los tribunales y las penas.

La exposición de motivos del proyecto tiene algunas perlas memorables. Primero la redacción trabada del alto gobierno: "La finalidad de la actuación es prevenir que estas personas (los consumidores) afecten sus derechos o los de terceros, debido al estado en que se encuentran". Uno lee la frase y se pregunta: ¿en qué Estado me encuentro? En otra página aparece la intranquilidad que le produce a la Casa de Nariño la posible tranquilidad de sus ciudadanos. Se cita con alarma una reciente encuesta de la Dirección Nacional de Estupefacientes donde los consumidores dan sus razones para el uso de sustancia prohibidas: "para relajarse, olvidar los problemas y sentirse bien". El trabajar, trabajar y trabajar en franca lid contra las depravaciones del hedonismo.

Pero lo verdaderamente preocupante es el proyecto que busca aprobar el gobierno en el Congreso. Como siempre se vende el aumento de penas como solución mágica: aquí siempre se ha creído en el poder de los números escritos en el Código Penal. La pena para los jíbaros se aumentaría en una tercera parte. Hasta ahí todo más o menos normal. Luego aparecen unos tribunales que recuerdan algunas escenas de la Naranja Mecánica. Toda persona que sea sorprendida con el humo en la boca, o con las manos en la masa del tamal, será conducida al centro de crientación más cercano. Con la paranoia alborotada el recién torcido o encalambrado deberá enfrentar un tribunal compuesto por un psicólogo, un juez y un funcionario de la Procuraduría.

Recibimiento con identificación y registro. Observación del espécimen para identificar las necesidades de protección. Se tendrá en cuenta "la actitud, el afecto, el lenguaje verbal y no verbal". Si las planillas dictaminan que se trata de un jíbaro irá a la cárcel, si es un adicto le espera la obligación de un centro de rehabilitación y si se trata de un consumidor recreativo irá a un curso de reparación vocacional al Sena.

Algunos han querido disimular las mañas del Estado Terapéutico del gobierno comparando los Centros de Observación de Valencia Cossio con las Comisiones para la Disuasión de las Toxicomanías (CDT) que han funcionado con relativo éxito en Portugal. La pequeña diferencia es que los portugueses las crearon para despenalizar y el gobierno colombiano busca el objetivo contrario. En Portugal los centros no tienen el carácter de juzgado que se les quiere dar en esta orilla: no funcionan las 24 horas del día, aseguran la absoluta confidencialidad del proceso y solo imponen una multa al consumidor esporádico y ofrecen tratamiento al adicto. Desde el 2001 el país Luso logró reducir sus procesos y sus presos por delitos relacionados con drogas, de los 500 casos mensuales que atienden los CDT la mayoría terminan con la suspensión de acciones judiciales contra consumidores no adictos y un 10% acaba en multas. Portugal muestra los buenos resultados aflojando el nudo de la criminalización de las drogas y Colombia no puede invocar su ejemplo para seguir el camino contrario.

Pero hay ejemplos más dicientes. Algunas pequeñas ciudades gringas han intentado medidas blandas con los jíbaros. Colombia dice que es hora de la gran guerra contra el microtráfico y los alguaciles del norte hablan de distensión. La operación Alto al Fuego ofreció a los socios de algunas ollas la alternativa de no ser procesados si disminuían los ataques violentos a la competencia. Así se logró disminuir a fin las vendettas entre distribuidores. En otras ciudades la policía identificó a los jíbaros, usualmente muy jóvenes, e informó a los padres y profesores sobre el negocio de los pelaos y las posibilidades de cárcel. Luego de dos años se redujeron los arrestos y los delitos violentos bajaron un 25%.

Agradecemos al Dios Cronos que a Uribe y sus hombres les queda poco tiempo. Ya no oiremos tan seguido esta cantaleta de párroco populista: "Esta permisividad de Colombia con la dosis personal se ha convertido en un gran camino para inducir a los niños a la criminalidad… ponen al niño a distribuir droga. El niño va distribuyendo droga y la persona que le compra solamente le compra dosis personal. A esa persona tampoco la pueden sancionar, y eso va creando una delincuencia terrible alrededor de todos los colegios de Colombia".