EDITORIAL
Armar el cuento
El 29 de julio de 1985 el presidente Belisario Betancur soltó una frase que sería primera página en algunos periódicos en Colombia: “Ojalá las Farc lleguen al Congreso, porque eso querrá decir que en ese momento cambiarán la dialéctica detonante por la otra dialéctica, la de los mecanismos de persuasión… Es más importante ver a Tirofijo en el Congreso que en la guerrilla”. Betancur estaba en el Perú en la posesión de Alan García y en Colombia el gobierno intentaba traer a la gente desde las montañas hasta los cerros en Bogotá. La Ley de Amnistía había permitido “el regreso de dos mil guerrilleros a la vida institucional”. Según Betancur el proceso de paz se encontraba en un “punto de no retorno”: “Quien me suceda el año entrante tendrá que mantener este proceso que impone la tranquilidad después de treinta años de guerra”. La Unión Patriótica llevaba dos meses de fundada y una parte de la izquierda armada pasaba de la sigla intimidante al afiche electoral.
En las elecciones de marzo de 1986, Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, sacó 328 752 votos con apenas unos meses de presencia política. La Unión Patriótica eligió 14 congresistas (Iván Márquez como Representante a la Cámara), 18 diputados y 335 concejales. El gobierno de Virgilio Barco, con signo contrario al Conservador de Betancur, estaba dispuesto a mantener el proceso. Pero narcos, paracos del Magdalena Medio amparados por una sigla de asociaciones de ganaderos y agricultores, militares y políticos con la clientela amenazada decidieron que era hora de acabar con esa “alcahuetería”. Una semilla de tierra caliente comenzaba a calentar a toda Colombia. Barco llevaba un mes en el Palacio de Nariño y ya habían matado a dos congresistas de la Unión Patriótica. En dieciséis años, entre 1984 y 2000, mataron al menos 4153 dirigentes y militantes de la UP. Los militares hacían parte de la arremetida y Horacio Serpa, ministro de gobierno del momento, solo les pedía a los dirigentes amenazados que no lo pusieran a pelear con los militares. Las Farc tenían su parte en la matazón. Mientras algunos se exponían de frente en el juego electoral, ellos seguían en las armas, tanteando el terreno, soltando condolencias y amenazas. El asunto se saldó el 9 de diciembre de 1990, día de elecciones a la constituyente, con el bombardeo del gobierno de César Gaviria a Casa Verde, principal cambuche de las Farc en La Uribe, Meta.
Ahora, la puesta en escena de Márquez, Santrich y compañía hace sonar de nuevo las alarmas de un acuerdo roto, de una desbandada hacia el monte. Hay muchos entusiastas del “regreso a la guerra”, ciudadanos que se alegran ante la certeza de un enemigo lejano y fácil, políticos que disfrutan la oportunidad frente al cinismo armado y las ventajas de que la gente piense berraca. Pero los tiempos son muy otros. De Jacobo Arenas a Jesús Santrich ha corrido mucho plomo. La retórica de la “marqueztalia” ya no solo es anacrónica sino patética. Márquez y Santrich parecen cada vez más unos muñecos de pilas que comienzan a hablar cuando la cámara titila, presos de un discurso automático, casi robótico, tan aprendido que ya ni en Venezuela significa nada. Márquez vuelve a huir del Congreso, esta vez con una pantomima de 32 minutos, pero ahora sus antiguos compañeros de armas no lo vivan sino que le quitan el carné de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Y en el terreno las cosas no están fáciles. El fusil en sus manos es también un alarde desprestigiado. Un número cercano al 80% de los desmovilizados sigue lejos de las armas. Un buen porcentaje de los que se mantuvieron o volvieron al tropel están consolidados bajo el mando de Gentil Duarte en el sur del Meta y Guaviare. Duarte les lleva cerca de dos años de ventaja en ese territorio, tiene al menos 300 hombres según cuentas de la Fiscalía y maneja una próspera economía coquera sin rendirle cuentas a nadie. Un empresario boyante sin remilgos políticos les ofrecerá, si acaso, una Alianza Público Privada.
Los demás grupos regados de las disidencias son más microempresas criminales que frentes guerrilleros. En algunos casos se han ido combinando con combatientes y “contratistas” de diferentes tropas. En términos políticos se diría que han hecho coaliciones. Además, están de algún modo confinados por los límites impuestos por enemigos variados. De modo que el “ejército del pueblo” de Márquez, el Paisa, Romaña y demás tendrá que concentrarse en un duelo a muerte en muchas regiones antes que plantarle cara al Estado. Es un poco tétrico decirlo, pero muchos lugares ya les hicieron el cajón.
El grupo de Venezuela, por ponerles un pasaporte, no tiene siquiera una letra completa de las antiguas Farc. Durante mucho tiempo las Farc concentraron el 70% de sus acciones en 40 municipios. Eso da una idea de lo limitadas que podrían ser las “gestas” de Márquez y Cía. Entre 2003 y 2016 se desmovilizaron 20 000 guerrilleros de las Farc de manera individual, esa salida por goteo minó algunas fuerzas pero dejó intacta la estructura. La entrega de armas de 13 000 combatientes hace dos años hizo desaparecer definitivamente a las Farc, independiente de que 1500 o 2000 de sus hombres y mujeres hayan vuelto al fusil, aunque no sus filas. Así como las AUC desaparecieron luego de los acuerdos de Ralito, mutaron en bandas, franquicias y facciones cuando más del 30% de su tropa volvió por sus fierros, así mismo las Farc son ahora una colección de intereses económicos menores acompañados de la grandilocuencia de un estado menor.
Nuestras violencias responden cada vez más a lógicas regionales. Con fuerzas más atomizadas y mandos menos influyentes nacionalmente. Lo que pasa en Tumaco, Catatumbo, Bajo Cauca y el norte del Cauca, por mencionar las regiones más complejas, depende mucho más de cotizaciones internacionales, del fracaso del Estado en las cabeceras municipales, de los acuerdos o las grescas entre mandos medios por la contabilidad y otras vueltas que de los discursos y las intenciones de quienes fueron comandantes. Ahora lo importante es que el gobierno no pretenda crecer el enemigo militar para debilitar a los rivales políticos. 
