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     Número 41 - Diciembre de 2012


EDITORIAL
Estados de gracia

Los votos parecían la vía menos indicada para acabar con una guerra que se ha librado en nombre de la sociedad, “de nuestros hijos”, según la frase obligada de los políticos que intentan tender un manto sobre sus electores. Una red en realidad. Los padres de familia han sido el blanco perfecto para el discurso que enmarca la guerra contra las drogas. Desde Nixon hasta Uribe se han combinado convicciones ideológicas y cálculos electorales para hacer que la policía se encargue de la cruzada moral. El círculo vicioso dice que los políticos inflan el fantasma de una epidemia social y los electores les entregan el poder para que amplíen los miedos y los equívocos.

Pero a fuerza de uso, de simple familiaridad, de la lógica según la cual los gustos excéntricos o reprochables de una minoría no justifican una guerra, los electores de dos estados gringos decidieron que era posible fumar marihuana por simple placer, sin que intervengan policías y fiscales. Un asunto para la administración de impuestos. Solo los ex alcaldes, los ex presidentes y los ex jefes de policía suelen reconocer que el camino de la prohibición es el más largo y peligroso. A los presidentes de América Latina no les gustó la decisión de los votantes de Washington y Colorado. O al menos los alarmó. O los alentó. Apenas ahora con la prueba reina de las urnas comienzan a preguntar. Luis Videgaray, principal asesor del recién posesionado presidente mexicano, lo dijo sin muchos pelos: “obviamente no podemos manejar un producto que es ilegal en México, tratando de detener su transferencia a Estados Unidos, cuando en Estados Unidos –al menos en parte de Estados Unidos– ahora tiene un estatus diferente”.

El reproche fue bajando poco a poco por Centroamérica hasta llegar a la capital colombiana. Santos respondió, orgulloso de su lenguaje coloquial: “hay enormes contradicciones. Cómo le damos penas de prisión al que cultiva en Colombia mientras un usuario en Colorado está metiéndose un barillo tranquilo”. Ahora nuestro comandante de policía le pide explicaciones a los consejeros del Norte: “el tema se tocó en la visita del consejero de seguridad de Estados Unidos, Denis McDonough, hace una semana, y se pidió una especie de explicación de por qué en dos estados particularmente habían legalizado, mientras aquí todavía ponemos muertos en la lucha contra el narcotráfico. Ese es un tema que ellos deben revisar”.

El Presidente de Estados Unidos sabe muy bien que está en juego su legitimidad para seguir liderando una campaña mundial que cada día tiene más importantes detractores. Esos dos referendos más o menos insignificantes pueden ser el hilo por donde se comience a descoser la política antidrogas dictada desde el Norte. Obama parecía empeñado en cargar contra los estados libertarios que cuestionaban su autoridad mundial. Tiene herramientas para imponer vetos y recursos varios. Para la ley federal la marihuana sigue siendo una sustancia tan ilegal como el LSD y la heroína. Pero un joven asesino ha marcado nuevas prioridades. Luego de la matazón de niños en Newtown las armas han pasado a ser más peligrosas que las drogas. Los decretos y la rabia han cambiado de rumbo.

Estados de gracia

 
Canadá ha puesto el moño sobre el regalo de temporada. El gobierno acaba de aprobar que los proveedores de marihuana medicinal –tiene apenas 26.000 enfermos, en Canadá son muy sanos– usen cultivadores privados. La privatización es otra manera de relajación. En últimas, el Estado solo debe tener el monopolio de la maquinita de billetes. Pero los problemas de Obama no vienen solo de las preguntas de los presidentes de Las Américas. En su feudo los gobernadores y alcaldes han comenzado a ver una salida para sus presupuestos. Cada año se detienen en Estados Unidos a 1’600.000 personas por delitos relacionados con drogas, y los gobiernos locales piensan en los costos de las prisiones y los posibles ingresos de la venta legal. Lo mejor es que Washington y Colorado no son una extravagancia. La última encuesta de Gallup reveló que más de la mitad de los ciudadanos norteamericanos está de acuerdo con la legalización de la marihuana. En 1969 solo el 13% la apoyaba.

Parece que el Uruguay de Pepe Mujica no anda del todo despistado. Solo sigue el humo de los más liberales electores gringos. Santos ha dicho que en la guerra contra las drogas el gobierno en ocasiones se siente pedaleando en una bicicleta estática. Su postura liberal en los foros internacionales también es solo un juego sin avances, un alarde. Debería moverse al menos un paso. Pronunciar la palabra barillo no es audacia suficiente. UC