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Si no es a finales de marzo será a comienzos de abril próximo cuando arranque el tire y afloje por los 800 mil millones de pesos que, según la nueva Ley de Regalías, se van a destinar cada año a partir de 2012 en Colombia, para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación, CT+I.
Al menos en el papel, dicha Ley garantiza que, en adelante, el 10% de todos los tributos que pagan las empresas por explotación de minas y energía, serán para la investigación, un rubro que en nuestro país representa un irrisorio 0.18% del PIB, mientras que países como Argentina y México invierten el 0.4, Brasil el 0.9, y en las grandes ligas, con un PIB varias decenas de veces superior al nuestro, estarían Alemania, que destina el 2.7, y Estados Unidos, el 2.9.
Con la platica de las regalías, se busca al menos igualar la inversión de países con un nivel de desarrollo similar al nuestro, como es el caso de Argentina y México.
Algo es algo, podría decirse, pero a lo poco que se invierte habría que agregar el enredo para asignar los recursos, mediante la creación de comisiones, subcomisiones y sub sub comisiones, en las que participan Colciencias, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, las gobernaciones y alcaldías de todo el país, además de las Comisiones Regionales de Competitividad y los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin olvidar las universidades públicas y privadas, los gremios empresariales, los centros de desarrollo tecnológico, los parques tecnológicos y las incubadoras de empresas de base tecnológica.
Según el documento de Colciencias, Regalías para la Ciencia, Tecnología e Innovación - Camino a la prosperidad regional, publicado en su página web en febrero 2 y que sigue ahí, "es conveniente que los proyectos sean diseñados por la articulación jurídica de los actores del sistema, en el concepto de Universidad-Empresa-Estado (...) y con el apoyo de los Gobiernos Departamentales o Municipales. Los Codecti o Codecyt creados, así como los Coordinadores Regionales de CT+I, que deben dar apoyo y ofrecer cooperación". (Sic)
Para Colciencias, también resulta "conveniente que los proyectos sean recomendados por las Comisiones Regionales de Competitividad, para que encajen en las prioridades definidas en los planes de desarrollo de un Departamento o una región. Si son varios Departamentos éstas deben articular la decisión".
A primera vista, resulta más fácil hacer ciencia que hacer lobby con ese rosario de comisiones y órganos colegiados, muchos de los cuales ni siquiera se han constituido ni se sabe quiénes los integran.
Sobre esta Ley de Regalías y su reglamentación, como de la ciencia misma, son más las preguntas que surgen: ¿La prioridad será la innovación? Y de ser así, ¿eso qué significa? ¿Innovación es descubrir una nueva especie botánica, micótica o zoológica o es más bien inventar un aparato que tenga rentabilidad económica inmediata? ¿La ciencia y la tecnología deben estar amarradas a la competitividad para ser tenidas en cuenta, según advierte el documento de Colciencias? ¿Qué probabilidades tienen de ser aceptados proyectos cuya rentabilidad sea a largo plazo o cuya preocupación sea más del orden patrimonial y académico, así no se sepa al final por dónde salta la liebre?
El concepto mismo de ciencia, tecnología e innovación, permite una tan amplia gama de interpretaciones que el departamento de Antioquia postuló a la Ley de Regalías una serie de proyectos de investigación donde conviven alegremente energía y desarrollo de la capacidad empresarial; innovación y nuevos negocios en salud; biotecnología; desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC); un Museo de Historia Natural y otro proyecto que busca mejorar las capacidades en el sector seguridad y defensa.
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Es decir, Antioquia propone destinar los recursos de CT+I a desarrollar la capacidad empresarial y a mejorar el negocio de la salud (no la salud ni la economía de los antioqueños), o a financiar proyectos de investigación en seguridad, cuando en seguridad y armas y guerra nos gastamos más del 6% del PIB desde hace años.
De otro lado, como se busca "cerrar la brecha tecnológica" pero a nivel interno, según afirma Jaime Restrepo Cuartas, director de Colciencias, las regiones más pobres, no las más densamente pobladas, van a recibir más plata. Pero van a recibirla cuando no cuentan con las universidades, los centros de investigación ni la experiencia ni el talento humano necesarios para aprovechar dichos recursos.
Así las cosas, departamentos como La Guajira, Sucre y Córdoba, van a quedarse con la tajada más grande del pastel. Mientras que Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y la región de Caldas, recibirán apenas el 14%, a sabiendas de que en estas regiones vive más de la mitad de la población, concentra el mayor número de personas en situación de pobreza y alberga más del 70% de los 17.339 científicos registrados en el país.
Habría que "cerrar la brecha" de Colombia entera con relación a los estándares internacionales que se invierten en ciencia y tecnología y mirar su ejemplo. Ni en Estados Unidos, ni en Alemania, y creemos que ni en Argentina, ni en México, les daría por inyectar dineros para la investigación y la innovación en ciencia y tecnología en lugares donde no existen. En ciencia, además, el laboratorio no tiene por qué, y a veces ni debe estar in situ. Vale decir, no hay que llevar un microscopio electrónico a un pantanero para estudiar la malaria; es más fácil y económico trasladar el mosquito.
Por otro lado y a la hora de decidir qué proyecto pasa, si bien se estableció una Secretaría Técnica en cabeza de Colciencias, y ahí meten baza el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, los proponentes son alcaldes y gobernadores.
¿Se imaginan a uno de esos típicos alcaldes y gobernadores nuestros, ignorantones y avivatos, decidiendo qué proyecto de investigación pasa en su municipio o en su departamento, viendo a ver cómo le tuercen el cuello al rigor científico para cuadrar el cálculo burocrático y electoral? ¡Dios y la ciencia nos libren de semejante engendro! Y eso en el mejor de los escenarios, porque en el peor y el más común, que es el de la corrupción rampante, no hay que ser Nostradamus para augurar que buena parte de esa platica se va a perder, como se perdieron miles de millones de pesos de las regalías en el Casanare, por ejemplo, sin que nadie rinda cuentas ni pague las consecuencias del roba roba y el despilfarro.
Del otro lado del escenario está la comunidad científica, los investigadores y los académicos que llevan años produciendo ciencia y conocimiento con las uñas y que, si bien están de alguna manera representados en las universidades y en los centros de investigación, todo indica que a la hora de darle vida jurídica a la Ley de Regalías, no los tuvieron en cuenta.
¿Serán capaces nuestros científicos e investigadores de ponerle orden al asunto? ¿Se dejarán asesorar por ellos los gobernadores y alcaldes de turno? ¿Serán estos mandatarios capaces de comprender la responsabilidad que recae sobre sus hombros y lo cerca que deben estar los valores democráticos del método científico?
Amanecerá y veremos. Porque ciencia es lo que le hace falta a esta iniciativa que busca paradójicamente promover la ciencia. 
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