Aquí no ha habido muertos

María McFarland. Fotografía de Natalia Botero

Masacre paramilitar en Granada, Antioquia. 2002.
 

Mancuso empezó a hablar desde noviembre de 2008 después de su extradición a los Estados Unidos. Dio detalles de la entrada de los paramilitares a Ituango en 1996 y 1997, que él y Carlos Castaño habían organizado en colaboración cercana con miembros del ejército. Mancuso dijo que se había encontrado con Alfonso Manosalva, el director de la Cuarta Brigada del Ejército, al menos diez veces para recibir información y coordinar la incursión paramilitar en la región. Mancuso dijo que los paramilitares también habían ayudado a otras partes del gobierno: habían coordinado directamente con Pedro Juan Moreno, el entonces secretario de gobierno de Álvaro Uribe, quien por ese entonces era gobernador de Antioquia, el establecimiento de las Convivir que los paramilitares utilizaban como fachada para sus actividades. Contó que en una reunión en una finca en Córdoba el mismo Castaño, delante de Mancuso, le había dado información detallada a Moreno acerca de sus planes de ir a El Aro, al parecer para reducir la presencia de la guerrilla en la región y rescatar a unos secuestrados que estaban en poder de las Farc. Mancuso dijo que para la masacre los paramilitares coordinaron directamente con las tropas del ejército del pueblo vecino, Puerto Valdivia. Según Mancuso, tanto el ejército de la zona como la policía sabían todo lo que estaba pasando. También dio más detalles de los helicópteros que había mencionado antes: había cuatro helicópteros volando sobre el sitio de la masacre. Uno le pertenecía a la guerrilla, que lo usó para evacuar a sus líderes. Otro les pertenecía a los paramilitares y Mancuso voló en ese, llevando municiones, removiendo los cuerpos y sacando a los paramilitares heridos. El tercero, dijo, era amarillo y naranja, y le pertenecía a la gobernación de Antioquia: dijo verlo volar mientras los paramilitares llevaban a cabo su operación. El cuarto pertenecía al ejército y voló por encima del lugar mientras los paramilitares dejaban el pueblo.

En 2012 Mancuso declaró públicamente que los paramilitares habían hecho campaña activa para la reelección de Uribe en 2006. Ese mismo año declaró ante un tribunal de Justicia y Paz que había contribuido con apoyo financiero para la campaña de Uribe de 2002. También dijo que por petición suya los miembros del Congreso Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella (quienes luego fueron condenados por los casos de la parapolítica) se habían encontrado con Uribe en su finca de El Ubérrimo, para decirles que los paramilitares habían contribuido con grandes sumas de dinero para su campaña, y que, si ganaba, los paramilitares, querían empezar unas negociaciones de paz. En sus declaraciones, Pineda y De la Espriella apoyaron lo dicho por Mancuso.

Mancuso también declaró que había mantenido una cercana relación de trabajo que se remontaba a 1995 con Pedro Juan Moreno, y que esa relación se prolongó hasta la muerte de Moreno en un accidente de helicóptero en 2006. Dijo haberse encontrado con el mismo Álvaro Uribe cuando este era gobernador de Antioquia, y que durante la campaña presidencial había continuado en contacto con el candidato a través de Moreno (sumado a Pineda y De la Espriella). Dijo que, en un punto durante la campaña, Moreno le había dicho que estaba preocupado con el daño que las constantes masacres de los paramilitares le podrían hacer a la imagen de Uribe, y lo instó a que en cambio se enfocara en operaciones más puntuales. Los paramilitares estuvieron de acuerdo en detener las masacres hasta que concluyeran las próximas elecciones.

En otras declaraciones Mancuso dijo que de hecho había conocido a Uribe en reuniones sociales antes de que él se uniera a los paramilitares. Pero dijo que se había conocido formalmente con Uribe cuando este fue gobernador de Antioquia. Mancuso ya era paramilitar, el gobernador ya lo sabía. Dijo que se había encontrado con Uribe en su finca de El Ubérrimo en Córdoba y que un oficial de la policía de ese departamento lo había presentado como el hombre que los estaba “ayudando” con la seguridad de la región. Mancuso recuerda haberle oído decir a Uribe que estaba feliz de que los estuviera ayudando, y que hablaron en particular acerca de un ataque, que al parecer, las Farc estaban planeando en contra de Uribe y de su finca, y de sus esfuerzos por descubrir quiénes, exactamente, estaban involucrados en el complot.

Uribe respondió con un comunicado que negaba rotundamente las declaraciones del líder paramilitar y de los excongresistas, y añadió que se había comunicado con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, pues había oído que Mancuso estaba presionando a excongresistas, para obligarlos a declarar en contra de Uribe. También anunció, vía Twitter, que planeaba entablar una denuncia penal en contra de ellos por dar declaraciones falsas. Después de un tiempo Uribe, al parecer, denunció a Mancuso por injuria y calumnia y pidió que fuera removido del proceso de Justicia y Paz por haber mentido acerca de él. El abogado de Uribe, Jaime Granados, les dijo a los medios que Mancuso estaba dando esas declaraciones por un deseo de venganza, pues Uribe lo había arrestado y extraditado.

Don Berna, quien en 2009 había sido condenado por narcotráfico y sentenciado a 31 años de prisión en Miami, también empezó a hablar años después. Confirmó gran parte de lo que Semana había reportado acerca de sus esfuerzos con Job para enlodar a la Corte Suprema, al igual que de las reuniones frecuentes que este tenía con representantes de la presidencia y del DAS.

Y en mayo de 2012 Don Berna ofreció pruebas nuevas en el asesinato de Jesús María Valle. De acuerdo con Don Berna, el líder de las AUC Carlos Castaño había ordenado que la banda La Terraza, con sede en Medellín, que respondía a los paramilitares y era dirigida por un hombre conocido como Elkin, llevara a cabo el asesinato de Valle porque Castaño creía que el defensor de los derechos humanos estaba ayudando a las Farc. Don Berna dijo que él fue parte de esas conversaciones y que fue la persona que llamó a Elkin para que hablara con Castaño sobre el plan de asesinato. Entonces Elkin envió a una mujer que trabajaba para La Terraza a la oficina de Valle para que actuara como una posible cliente y recogiera inteligencia sobre él. Basada en esa información, ella y otros dos miembros de La Terraza fueron a su oficina y lo ejecutaron.

Pero Don Berna hizo otro comentario, añadiendo que el asesinato “fue a petición del doctor Pedro Juan Moreno, ya que él (Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro”. Dijo que a principios de 1998 Pedro Juan Moreno había ido a una finca en la que Carlos Castaño se reunía con frecuencia con oficiales, y le dijo que Valle estaba llevando a cabo una “investigación” que iba a afectar a miembros del ejército y del gobierno. Según Don Berna, Carlos creía que quien hiciera esa clase de acusaciones en contra del ejército era un colaborador de la guerrilla. Entonces convinieron en asesinar a Valle. De acuerdo con Don Berna, Castaño le dio las órdenes para el asesinato a Elkin y le explicó que Valle era “incómodo” para miembros del Estado por sus acusaciones sobre casos como el de la masacre de El Aro.

El mismo expresidente Uribe se enfrentaba a la posibilidad de nuevas investigaciones. Entre estas se encontraba una investigación por la muerte en un accidente de helicóptero en 2006 de su antigua mano derecha en Antioquia, Pedro Juan Moreno. Moreno y Uribe se habían distanciado en los años anteriores a la muerte de Moreno: de acuerdo con uno de los asesores de Uribe, Moreno había esperado que Uribe estableciera una nueva agencia central que supervisara a todos los organismos de inteligencia y que él la controlara, por lo que se sintió traicionado cuando Uribe no lo hizo. Durante su campaña presidencial, Uribe también se volvió cercano de otros asesores. Tras la elección presidencial de Uribe, Moreno se volvió muy crítico de la gente cercana al presidente, haciendo de su rutina arremeter contra el equipo de Uribe a través de su revista La Otra Verdad, en la que escribía historias o trozos de chismes que parecían diseñados para socavar al gobierno. Cuando Moreno murió los resultados oficiales de la investigación dijeron que la caída del helicóptero había sido un accidente y que no habían encontrado evidencias de que hubiera habido manipulaciones del artefacto. Pero los rumores han rondado en torno a la muerte de Moreno desde ese entonces.

En 2010 el general Rito Alejo del Río —a quien Uribe honró durante una ceremonia en 1999 después de que la administración de Pastrana hubiera retirado al oficial— declaró a los fiscales que el choque del helicóptero que llevó a la muerte de Moreno no había sido un accidente. Del Río dijo que Moreno había sido asesinado (Del Río luego fue condenado por homicidio en un asunto distinto, y hasta la fecha sigue bajo investigación por la masacre paramilitar de Mapiripán en el Meta en 1997). En febrero de 2016, después de que el antiguo paramilitar conocido como Don Mario dijera que Uribe había estado involucrado en la muerte de Moreno, la fiscalía general le pidió a la Corte Suprema y a la comisión de acusaciones del Congreso colombiano que lo investigara.

En respuesta a preguntas escritas que le hice para este libro, Don Berna también declaró que Pedro Juan Moreno había muerto como resultado de un “saboteo” del helicóptero en el que iba, “acción llevada a cabo por órdenes de Uribe”. Sin embargo, no ofreció ninguna manera de verificar su afirmación ni evidencias que la respaldaran. Cuando lo presioné sobre los fundamentos de su declaración, Don Berna solo dijo que “en la ilegalidad se saben muchas cosas, pero como son ilegales no se pueden demostrar. Es como cuando un policía te pide un soborno, jamás te dará un recibo”.

Uribe ha negado con vehemencia estas declaraciones. Afirmó que Moreno nunca dio señales de cercanía con los grupos paramilitares. “Con la cobardía de los delincuentes”, dijo Uribe, “la gente empezó a acusar a Moreno de vínculos con los paramilitares después de su muerte, pero no cuando estaba vivo”. En una entrevista de radio en 2016 Uribe expresó su dolor ante la posibilidad de que una nueva investigación pudiera hacerle pensar a la familia de Moreno que él estuvo involucrado en la muerte de su antiguo asesor. Desafió la credibilidad de Don Mario al anotar que durante su administración había presionado continuamente por la captura del antiguo paramilitar hasta que la consiguió. No respondió a las preguntas escritas que le hice para este libro sobre las declaraciones de Don Berna, si bien ha cuestionado en repetidas ocasiones la credibilidad de los líderes paramilitares extraditados.

En una sentencia de febrero de 2015 del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, la Corte dirigió a la fiscalía a investigar a Uribe por promover, auspiciar, apoyar y concertarse con grupos paramilitares y las Convivir vinculadas a ellos, ya bien como gobernante o como presidente. La Corte mencionó los muchos ejemplos de gente cercana a Uribe que tuvo nexos con los paramilitares, al igual que casos y situaciones que involucraban a los paramilitares o a funcionarios públicos — como en el de la masacre de El Aro— que ocurrieron cuando Uribe fue gobernador de Antioquia. “No puede ser que ignorara lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia”, dijo la Corte, anotando que “la cuestión no es de testimonios. Es de lógica y lógicas. Como en alguna ocasión dijo el actual director de El Espectador, Fidel Cano Correa, no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.

Uribe argumentó que muchos de estos asuntos —como el de la supuesta presencia del helicóptero de la gobernación durante la masacre de El Aro— habían sido meticulosamente investigados antes. Y continuó insistiendo en que esas acusaciones eran parte de una venganza política en su contra y la de sus aliados, entonces dirigida por el grupo pro-Santos, y que las declaraciones de los paramilitares contra él eran en retaliación por su extradición.