Terminó el tiempo para los argumentos constitucionales, los reparos de procedimiento, las réplicas liberales y las marchas de sí al bareto y no Alvarito. La Constitución colombiana ya tiene un artículo que corresponde a los empeños morales del Presidente más que a los principios del Estado. La voluntad de un solo hombre, su porfía de cruzado, puede lograr que el país ponga algunos de sus lemas personales en la Constitución. Una insignia populista para lucir al interior y una postura severa para exhibir más allá de las fronteras.

Pero a pesar de su apariencia inútil la retórica puede tener consecuencias en las calles, en los calabozos de las estaciones y en los baños de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de la policía. En una reciente columna sobre el capricho presidencial con el tema de la dosis mínima, Jorge Orlando Melo criticaba la costumbre nacional de prevenir una conducta indeseable a punta de leyes o artículos constitucionales. La lógica según la cual si no es posible detener al jíbaro es necesario perseguir al comprador ocasional. Al final, Melo se tranquilizaba calificando la reforma en ciernes como "un puro saludo a la bandera, sin ningún efecto. Una reforma insensata, pero inocua e inane."

Melo tiene sus razones para el optimismo: la reforma terminó hablando de prohibición y no de penalización. Los tribunales médicos que le gustan a Fabio Valencia le parecieron peligrosos hasta a Nicolás Uribe ¡Un Uribito más! Pero bueno, al menos le dio pudor impulsar las camisas de fuerza del Estado terapéutico. Por ahora no hay más que una prohibición en abstracto en un artículo de la Constitución. Creo que luego de 15 años de estar obligados a guardar ciertas formas frente a los consumidores, los policías se saborean su revancha. Se ha renovado un aval para su juego de pequeñas extorsiones al portador de un barillo silvestre. No hay un marco para aplicar la prohibición así que los policías tendrán un interesante margen de maniobra. Los supuestos enfermos, ya que el espíritu fraternal de la reforma fue dibujar al consumidor como un apestado y no como un delincuente, quedarán en manos de los médicos más peligrosos: los policías. Ellos tomarán las medidas "pedagógicas, profilácticas y terapéuticas" de las que habla el gobierno.

Pero incluso la reforma podrá resultar contraproducente para el supuesto fin proclamado hace unos días por el ministro del interior: "ir por los jíbaros". El tono de Valencia Cossio recordó a Harry J. Anslinger, el primer comisario de narcóticos gringo cuyas declaraciones en los años 30 pasaron poco a poco de alarmas contundentes a piezas humorísticas. Decía que es muy posible que la lógica de los policías sufra una pequeña mutación: "Para qué meterse en problemas siguiendo el negocio de los jíbaros, más lisos y más peligrosos, si es posible jugar un rato con los consumidores, más asustadizos y más rentables".

Estamos entonces en los tiempos de enfrentar la nueva actitud de los policías frente al consumidor recreativo. Se acabó la hora de los argumentos y pasamos a la etapa de los tormentos. A pesar de haber estado hace unos años en cuclillas en el baño de un CAI por culpa de un cogollo apretado en una pipa de madera, tengo que decir que los policías se comportaron con relativa prudencia. Se quedaron con la pipa y el moño, le encontrarían cliente fácil en Chapinero, y soltaron un insulto juicioso en vez de una patada. No hubo extorsión. Me temo que la reforma sí tendrá efectos: cambiarán los protocolos policiales y la prima navideña de los agentes.

Aunque Pascual ya había publicado este artículo
en El Espectador, decidimos repatriarlo como editorial.