Algunos ciudadanos cándidos critican a nuestros congresistas por su magro periodo de sesiones ordinarias de apenas ocho meses cada año. Otros, indignados, maldicen sus preocupaciones por temas que solo interesan a sus intereses: los carros blindados y su gasolina, el nombre de un político para el aeropuerto de Bogotá, la posibilidad de que un municipio merezca una placa de piedra como homenaje a alguna de nuestras vírgenes protectoras. Pero su tiempo libre y sus tonterías son siempre una buena forma de evitar estragos mayores. Cada que el Congreso se pone serio es momento para el crujir de dientes: solo queda confiar en que el tiempo no sea suficiente para aprobar sus intenciones o la Corte Constitucional vuelva todo al estado original.

Ahora ha quedado en sus garras una palabra mayor: justicia. Como es lógico las primeras discusiones fueron sobre el juez encargado de valorar sus intrigas, compañías, hazañas y dobleces dignas del código penal. Trataron de inventar una corte extraordinaria para sus acciones ordinarias pero al final les dio vergüenza: era demasiado trabajo para solo seis magistrados. En cambio el pudor no alcanzó para tocar el ala más politiquera y torcida de la rama judicial. Poco a poco el Consejo Superior de la Judicatura se ha ido emparentando con el Congreso: nepotismo, nombramientos para engordar pensiones, amistad política como único criterio de selección y el descaro como respuesta a las preguntas. Todo eso con una toga que sirve de parapeto. ElCongreso no podía más que sentir afinidad con sus colegas de vicios en la rama del frente.

Pero lo peor de la llamada reforma a la justicia llegó con un papelito debajo de la mesa a última hora. Cuando se creía que las discusiones terminarían en unos acuerdos de presupuesto, influencia política y equilibrio para el quién juzga a quién entre congresistas y magistrados, apareció el fantasma con guadaña del fuero militar. Al comienzo el gobierno pareció incómodo, quería sacudirse ese asunto tétrico para no asustar a la ONU o a los demócratas en Estados Unidos. Pero cayó Cano y las Farc mataron a los policías y militares secuestrados. Ahora el clima era ideal y el uribismo agradecía el único gesto amable en un año largo de gobierno.

El artículo que modifica la Constitución es un esperpento. Si llegara a aprobarse, todos los actos de la fuerza pública se presumirán legítimos y por tanto al momento de aparecer un reproche penal deberían ser evaluados por tribunales militares. Solo cuando la Justicia Penal Militar, venal por naturaleza, decidiera que el encubrimiento es imposible o que hacer un grafiti no implica pena de muerte, se podría invitar a un fiscal y a un juez civil para tratar el caso. Parece increíble que mientras miles de soldados enfrentan juicios por el homicidio de civiles disfrazados de combatientes, el país decida que es tiempo de suponer que los militares siempre defienden legalmente a los ciudadanos y que sus superiores los juzgarán con rigor.

Un reciente estudio del Cinep enumera los civiles muertos a manos del ejército desde 1984 hasta 2011. Entre 2006, 2007 y 2008, el periodo cumbre de la matazón, se detallan las muertes de 835 civiles que vistieron el camuflado luego de recibir tiros de gracia. No es injusto decir que en manos de investigadores militares distraídos y en medio de juicios simulados, no tendríamos noticias de cómo enmaletaron a los jóvenes de las ciudades, cómo escogieron al campesino adormilado en medio de un viaje en bus, cómo pulieron la facha de los indigentes antes de vencerlos en combate.

Tampoco hoy en día es fácil condenar a los militares implicados en los abusos más terribles. Primero es necesario mostrarle a la fiscalía evidencias protuberantes de que los soldados actuaron por fuera de sus facultades legales; si la fiscalía acepta las pruebas deberá plantear un conflicto de competencia para que el Consejo Superior de la Judicatura defina si el caso debe ir a los jueces de camuflado o a los de toga. El solo hecho de comenzar un juicio ordinario que suponga imparcialidad se ha convertido en una hazaña de años coronada con una tutela. Ni qué hablar de las condenas. Solo siete fiscales atienden los procesos en Antioquia, Córdoba y Chocó. Lo que implica que la fila se alarga, los testigos se olvidan y los militares implicados disfrutan de libertad condicional. ¿Ese es el panorama de persecución implacable e injusta contra nuestros soldados que pretende mostrar el Ministro de Defensa? Recordemos que hasta hace poco los condenados purgaban su pena en la piscina de Tolemaida.

Ya sabemos que este Congreso necesita como ninguno las palmaditas en la espalda del Gobierno. Un guiño de Juan Manuel Santos o una mueca de Vargas Lleras serían suficientes para atajar una reforma constitucional que no le gusta a la Fiscal, ni a la ONU, ni a las Cortes. Pero también sabemos que Santos puede impulsar algunos de los más grandes anhelos de Álvaro Uribe mientras funge como su cordial enemigo. Ese es su arte. Merecer el aplauso de Ban Ki-moon y de Rito Alejo del Río en una misma semana.