Desde hace años se ha creído que la evidencia negra de la lucha contra las drogas lograría convencer a la audiencia gringa y a su gobierno de que la pelea no tiene sentido. Los muertos que se arruman en Ciudad Juárez, la ronda eterna de capos, el cardumen permanente de semisumergibles hacia las costas prometedoras, las desilusiones del Plan Colombia, la estabilidad del mercado interno en las calles de Nueva York o Los Ángeles. Los argumentos no están solo en la crónica roja de los periódicos de El Paso o en la evidencia de una incipiente burguesía narca en Venezuela. Los han repetido millonarios con mollera como George Soros y ex-presidentes que en su tiempo dieron la batalla perdida como Cesar Gaviria o Ernesto Cedillo. Nada de eso ha servido. La guerra contra las drogas sigue siendo un imperativo de la política norteamericana.

Pero las lecciones útiles aparecen por donde menos se espera. El estado de California, séptima economía del mundo, reino de Hollywood, meca de Silicon Valley, cuna de los vinos del Napa, se apresta a votar en noviembre un referendo para legalizar la posesión, el cultivo y el consumo de marihuana. Un grupo de promotores, médicos y millonarios activistas a favor del moño, lograron reunir 433.971 firmas para someter a aprobación popular la Cannabis Act. De aprobarse se establecería un límite legal para el porte de 28 gramos por persona y 2,3 metros cuadrados por "parcela verde". Para los mayores de 21 años la bolsita de marihuana pasaría a ser un paquete de estanquillo corriente. Desde 1975 la posesión de una onza (28 gramos) o menos de marihuana es un delito menor en California. Los legisladores estatales que apoyan la propuesta han encontrado un argumento irrebatible: según los cálculos el comercio legal de la hierba dejaría 1.300 millones de dólares al año en impuestos para un Estado con problemas fiscales.

La cifra ha hecho pensar a más de uno de los antiguos bulldogs antidrogas. Michael Hennessey, sheriff de San Francisco, es uno de los nuevos apoyos para legalizar el proveedor de 10 barillitos. Según las pistas que entrega su apellido es posible que disfrute el humo acompañado de un buen coñac. Un lujo de sheriff.

En una encuesta realizada hace un año el 56% de los consultados dijo estar de acuerdo con legalizar el uso social de la marihuana y gravar las ventas. El gobierno de Obama se ha mostrado de acuerdo con los usos médicos pero dice que no se puede convertir la droga en un "bien de consumo". Los críticos ya le han respondido que la ilegalidad no saca los bienes del mercado. Stephen Gutwillig, director de la ONG californiana pro legalización Drug Policy Alliance, lo ha dicho muy claro: "La prohibición de la marihuana ha sido un desastre, alimenta la economía sumergida, gasta miles de millones de los escasos recursos públicos y hace criminales de innumerables y honrados ciudadanos".

Si California se convirtiera en una gran Ámsterdam al interior de Estados Unidos, tiene 36 millones de habitantes, es posible que su ejemplo diera una interesante lección al fundamentalismo antidrogas. Tal vez la sociedad norteamericana entienda mejor por medio de una experiencia exitosa de regulación, impuestos y orden administrativo que mirando con horror las noticias de Tijuana. Al fin y al cabo, siempre resulta más revelador un buen plon que dos pitazos paranoicos.